Mientras siguen sal­tando más nombres de funcionarios ya acomodados en Itaipú Bina­cional que participan del con­curso para contratación de personal en la institución, el Senado solicitó informe respecto al Proceso Selec­tivo Externo (PSE) a través del cual se realiza la convo­catoria.

El pedido impulsado por el senador Enrique Riera fue aprobado con 27 votos a favor durante la sesión ordi­naria de ayer y por el cual se requiere los documentos del proceso de selección para la incorporación de 220 profe­sionales en la hidroeléctrica. La documentación deberá ser entregada en medios mag­néticos y físicos en un plazo máximo de 15 días corridos improrrogable.

En el pedido también se requiere informe respecto a la lista de funcionarios de la binacional que fueron hallados en la lista de aspi­rantes de la referida convo­catoria, la cual en un princi­pio fue promocionada para incorporar a 220 “nuevos profesionales” dentro de su plantel.

“Es nuestra responsabili­dad nivelar la cancha, que haya igualdad de oportu­nidades para todos”, dijo Riera durante su alocución e hizo énfasis en que resulta muy llamativo que desde la hidroeléctrica estén llenando estos cupos a meses del cam­bio de autoridades.

“Para mucha gente, trabajar en Itaipú es un sueño hecho realidad, pero se sembraron algunas dudas en relación con algunos nombres que esta­rían entrando y hacia quienes el concurso sería dirigido”, señaló Riera haciendo refe­rencia a los 17.755 postulan­tes que figuran en la lista de “inscripciones provisorias” del proceso selectivo.

Otro senador que acompañó el discurso de Riera en el Senado fue el liberal Eusebio Ramón Ayala, quien sostuvo que “el tema de la transparen­cia y la publicidad son absolu­tamente necesarios. No hay razón alguna para no solicitar esos informes y menos razo­nes hay para no darlas”.

Cabe recordar que para este llamado se habilitaron 220 puestos vacantes; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, desde la Unidad de Investigación de Nación Media logramos identificar a una veintena de funciona­rios vinculados a la binacio­nal que se anotaron en el con­curso en busca de un ascenso dentro de la entidad y con eso un aumento salarial (ver infografía).

Entre los funcionarios ya aco­modados en Itaipú que vuel­ven a concursar en el llamado figuran Justo Daniel García Ovelar, sobrino de la sena­dora Blanca Ovelar y funcio­nario del Ministerio Público comisionado a Itaipú, que a través de este llamado busca pasar al plantel de la hidroeléctrica con el cargo de gestor de Conflictos, Nego­ciación y Mediación.

Otra concursante aventa­jada es Sonia Soledad Cabrera Acuña, funcionaria de la Fun­dación Parque Tecnológico Itaipú y esposa del reciente­mente nombrado asesor de “Compliance” de la institu­ción, Jaime David Céspedes. Sonia figura como aspirante al cargo de gestor de Informa­ciones y Mediación.

Ante las incesantes denuncias que señalan al llamado para contratación de personal para Itaipú Bina­cional en beneficio de recomendados políticos, el abogado Wilson Benítez presentó una nota dirigida al director general paraguayo de la hidroeléctrica, Manuel María Cáceres.

A través de la nota, el abogado exige que la selección del personal en el referido llamado “sea trans­parente, que los exámenes sean públicos y los resultados sean publicados para conocer con exactitud quiénes son los mejores puntuados en los distintos cargos”. En ese sentido, la nota también refiere que “sería importante la suspensión del llamado”, atendiendo que el mismo se da a tan solo unos meses del cambio de gobierno.

“La ciudadanía está alerta. No permitiremos manipulación de los resultados de los exámenes”, dice parte del documento presentado por el abogado tanto a la dirección general de la binacional como ante la presidencia de ambas cámaras del Congreso Nacional y la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana.

A través de un comunicado, la cartera sanitaria aclaró que el proceso para la contratación será anunciado a través de los canales oficiales de la institución.

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Insta a la ciudadanía a no compartir ni tomar como certera ninguna información que se publique fuera de los portales del Ministerio de Salud.

Actualmente, trabajan en la planificación del equipamiento integral y la contratación de recursos humanos según la cartera de servicios que se ofrecerá en cada uno de estos centros asistenciales.

Los llamados serán realizados y se regirán con lo que estipulan las leyes de la función pública, es decir, por concurso.

Anunciaron que darán oportunidad a profesionales que buscan acceder al primer empleo en el área de salud, y para el efecto, se calcula que serán aproximadamente unos 1.200 para enfermería.

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El reporte indica que en el transcurso de 24 horas, 7 perros fueron envenenados, algunos no resistieron y murieron. Además, se sumaron algunos gatos que también sufrieron la misma situación.

Ante lo ocurrido, la Dirección de Defensa Animal calificó de “alarmante” la situación y a través de la Asesoría Jurídica de la institución, en conjunto con la Comisaría Segunda de Canindeyú, tomó cartas en el asunto de inmediato.

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Se labró el acta policial correspondiente, la cual fue remitido al Ministerio Público.

“Desde entonces, estamos trabajando estrechamente con dicha institución para llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita identificar y responsabilizar a los autores de este acto tan cruel y deplorable”, comunicó la Dirección de Defensa Animal.

La Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de Diputados, presidida por el legislador Héctor Figueredo, durante su reunión ordinaria de esta semana, recibió a la viceministra de Industria y Comercio, Lorena Méndez de Gustafson, así como a representantes de la Asociación de Distribuidores del Alto Paraná (ADAP).

Esta mesa técnica de diálogo se llevó a cabo a fin de debatir acerca de ciertas inquietudes presentadas por la ADAP en una anterior reunión con el bloque asesor.

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En aquella ocasión, los distribuidores expresaron su preocupación debido a la disminución del cupo legal de importación de la varilla de hierro, por lo que solicitaron la mediación de esta comisión para una reunión con las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, que es el ente encargado de regular la labor y las funciones de estas empresas importadoras.

Al respecto, La viceministra Méndez, expresó que buscarán una alternativa que beneficie a las asociaciones distribuidoras de varillas de hierro mediante un trabajo conjunto con otras instituciones del Estado.

“Existe ya una regulación en cuanto a la cantidad o cupos dependiendo de la producción nacional, y, en ese sentido, hay temas que dependen del Ministerio de Industria y Comercio, y otros en los que tenemos que coordinar acciones en conjunto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)”, explicó la viceministra del Poder Ejecutivo.

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Por su parte, la presidenta de la ADAP, Nelly Vázquez, explicó que el problema se encuentra en que existe una competencia desleal en el sector, teniendo en cuenta que empresas que no se encuentran inscriptas como distribuidoras importan varillas de hierro desde el exterior, sin ningún control.

“Tenemos un problema con la licencia previa y mediante esta reunión tratamos de conocer el método aplicado por el MIC para otorgar la licencia para la distribución e importación de varillas de hierro, porque a los que trabajamos en este rubro no nos está beneficiando. Como distribuidores somos importadores de productos, pero hay gente que está importando no siendo distribuidor, por lo que hay una competencia desleal”, alegó la titular de la asociación.